El golpe de Estado en Honduras en 2009 fue la acción realizada el 28 de junio de 2009 que terminó con la sustitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras. Según los organismos de la comunidad internacional se trata de una situación de facto, un golpe de Estado contra el presidente constitucional; por lo que el nuevo gobierno no ha sido reconocido por ningún país ni ninguna entidad internacional. Según todas las instituciones republicanas hondureñas se trata de un evento de iure, el cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema y una sucesión presidencial legítima.
En la mañana del 28 de junio, fuerzas armadas al mando del al teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño. La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se han pronunciado en contra de la ruptura del orden constitucional y han exigido unánimemente la restitución del presidente Manuel Zelaya en sus funciones.
En los meses previos al 28 de junio, ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la república de Honduras, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema, sobre la legalidad de una consulta, la cual tenía como objetivo saber si los hondureños están de acuerdo en que en los comicios de noviembre se colocase una cuarta urna para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirman que buscaba con esta consulta su reelección, aunque Zelaya lo negó. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral han calificado la consulta como ilegal, en base a una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria (cinco días antes de la celebración de la consulta) expresamente para prohibirla.
A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación, de conformidad con su papel en la realización de elecciones. Después de que el jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea.
En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la constitución, hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe, la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado, el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. Hasta el momento ningún país soberano ha reconocido a Micheletti como Presidente de Honduras.
La crisis política originada a partir de los sucesos del 28 de junio de 2009 tiene su causa inmediata en una consulta, promovida por Zelaya, que se realizaría ese día. El objetivo era promover la instalación de una "cuarta urna" en las elecciones generales de noviembre próximo, en la que, en caso de ser aprobada, los ciudadanos podrían decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Para respaldar esta votación, presuntamente se recolectaron las firmas de 400 mil hondureños; sin embargo, la oposición a la "cuarta urna" aseguró que las firmas fueron recogidas por extranjeros y funcionarios públicos amenazados. No obstante, el 23 de junio el Congreso aprobó una ley cuyo fin era evitar la celebración de la votación, por lo cual esta "consulta popular no vinculante" fue posteriormente considerada como ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del país.
Los opositores alegaron que el Presidente Zelaya planeaba presentarse para un segundo mandato presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras en el artículo 42, numeral quinto:
La calidad de ciudadano se pierde... por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República.
Artículo 42, numeral quinto de la Constitución de Honduras.
Además, el artículo 239 de la Constitución establece que quien proponga una reforma de la prohibición de reelección deberá cesar inmediatamente de su cargo.
Aunque Zelaya ha negado que estas fueran sus intenciones, en el pasado dejó entrever que podría ser reelecto si la "voluntad popular" lo deseara. Sin embargo, la documentación presentada por la Corte Suprema de Justicia, que incluye el expediente judicial en que se basa la destitución de Zelaya, no menciona los artículos 42 ó 239 de la Constitución, ni las palabras "reelección", "reelegir" o "reelegido". Además, es técnicamente imposible que Zelaya lograra volverse a presentar en las próximas elecciones, ya que a día de las elecciones, la Constitución no estaría modificada.
A pesar de la prohibición del Congreso, el Presidente Zelaya continuó adelante con la promoción de la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, el General Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar esa orden aduciendo una contraorden del Tribunal Supremo de Justicia, Zelaya anunció su destitución en un mensaje televisado a la Nación. Poco después, el Ministro de Defensa y los comandantes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas hondureñas renunciaron a sus cargos.
El 25 de junio, la Corte Suprema anuló la destitución del General Vásquez, mientras grupos militares tomaban la capital hondureña. Ese día, portavoces de Zelaya anunciaron que el Presidente estaba a punto de nombrar el sustituto de Vásquez. Al día siguiente la situación en Honduras parecía más calmada, y los militares abandonaban Tegucigalpa en dirección a sus cuarteles, luego de que el General Vásquez se los ordenase. Por su parte, Zelaya declaró en una entrevista que en realidad no había destituído al General, solamente había anunciado su futura destitución.
Poco después, el Presidente Zelaya irrumpió en una base de la Fuerza Aérea donde se guardaba el material electoral que el General Vásquez se había negado a distribuir, retirándolo del lugar. De acuerdo a la Fuerza Aérea hondureña, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió este material a Honduras; pero Zelaya negó haber recibido financiamiento externo.
El 26 de junio, la Corte Suprema, a pedido del Ministerio Público, aprueba por unanimidad de votos acusar como autor responsable, al ciudadano Jose Manuel Zelaya, de los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad, usurpacion de funciones en perjuicio del Estado de Honduras; por lo cual dicta orden de captura y allanamiento contra el presidente Zelaya. El mismo día el juez Jose Tomas Arita Valle de la Corte Suprema de Justicia ordena al teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en allanar la vivienda del presidente Zelaya y ponerlo a orden de la justicia de Honduras por delitos en perjuicio del Estado de Honduras ante el requerimiento del Ministerio Publico.
El 27 de junio, el día anterior a la votación, el Congreso designó una comisión especial para investigar a Zelaya, supuestamente "por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y violentar el Estado de Derecho". Solamente cuatro diputados izquierdistas se opusieron a la moción de la Asamblea. Al enterarse que los principales grupos parlamentarios lo habían acusado de violar la constitución y de estar incapacitado mentalmente, Zelaya respondió:
Ustedes me han declarado la guerra, ahora aténganse a las consecuencias.
Manuel Zelaya al Congreso.
El Presidente hondureño resaltó el hecho que nunca le realizaron un exámen psiquiátrico, y calificó la medida de arbitraria. Además, atacó especialmente al Presidente del Congreso y miembro del partido oficialista, Roberto Micheletti, quien lo había llamado "transtornado":
¿Qué te pasa Roberto?. A mí me eligió el pueblo y no el Congreso. ¿Por qué me vas a inhabilitar, eres un pinche diputado de segunda categoría que saliste en ese puesto porque te di espacio en mi corriente.
Manuel Zelaya a Roberto Micheletti.
De esta manera, al final del día la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República se habían unido a la opinión del Tribunal Electoral, declarando ilegal la consulta. El propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, manifestó también su oposición a la controversial consulta. Al fin, el dia 7 de octubre, el decreto ejecutivo que ordenaba el referéndum fue derogado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo pues «declara ilegal e inconstitucional el solo hecho de insinuar el llamado a una Constituyente».
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